Políticas medioambientales y diseños institucionales en España y Alemania: La comunidad europea como escenario de negociación de una nueva área política

Susana Aguilar Fernández

Editorial: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones • 1993

• Esta obra fue presentada como tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid el día 8 de julio de 1992. El Tribunal, compuesto por los profesores doctores Juan Díez Nicolás (Presidente), Víctor Pérez Díaz, Ernesto Carrillo, Joan Subirats y Carlos Alba, le otorgó por unanimidad la calificación de Apto "cum laude". Director de Tesis: Wolfgang Streeck. Esta tesis analiza la protección del medio ambiente como política sujeta a un proceso de internacionalización, y en la que la necesidad de expertise ha debilitado los controles democráticos y la asignación de responsabilidades públicas (accountability). El hecho de que la política medioambiental sea cada vez en mayor medida competencia de organizaciones internacionales, y no de los Estados–nación, explicaría su internacionalización. Dentro de estas organizaciones destaca la Unión Europea (UE) que ha encontrado en el medio ambiente una de sus políticas más populares e incuestionadas. Con independencia del ciclo, euro–optimista o euro–pesimista, por el que esté pasando el proyecto comunitario, las encuestas reflejan que los ciudadanos europeos adscriben gran importancia y legitimidad a la actuación de la UE en esta materia. Tal vez por ello, los distintos países miembros hayan aceptado que la Comunidad intervenga activamente —hasta límites que serían discutibles incluso en Estados federales— en una política que, al no quedar recogida en los tratados fundacionales, carecía de base legal. A pesar de su popularidad la política medioambiental es objeto de frecuente confrontación entre los distintos Estados miembros debido, principalmente, a diferencias acerca de prioridades y gasto. Esta situación se refleja generalmente en una tensión entre los países más prósperos del norte de la Comunidad, que persiguen una protección rigurosa (y costosa) del medio ambiente y centrada en medidas de control de la contaminación industrial, y los más pobres del sur, que defienden una aproximación más laxa ante esta tema así como la redefinición de la agenda europea en torno a problemas de distinta índole. Como el norte (principalmente Alemania) ha conseguido tradicionalmente determinar esta agenda y "exportar" sus prioridades al resto de los países comunitarios, el sur (principalmente España) exige como contrapartida financiación para sufragar los gastos asociados a la política medioambiental —esto se reflejó en la disputa en torno a la creación del fondo de cohesión en el Tratado de Maastricht. Además de su progresiva "internacionalización", la protección medioambiental constituye un excelente ejemplo de política pública en el que el alto grado de expertise que acompaña a su elaboración hace difícil el establecimiento de controles democráticos y la asignación de responsabilidades públicas. El hecho de que la industria sea la principal responsable de la aplicación de la política, así como que se relación con los expertos en la materia sea de tipo simbiótico, explicaría que este grupo de interés haya conseguido tener una presencia constante, y decisiva, en todo el proceso de decisión. El tecnicismo imperante en este área de gestión contribuye a justificar, además, la naturaleza cerrada, opaca, y excluyente de este proceso decisorio: los grupos de expertos que elaboran normas y estándares que luego pasan a formar parte del corpus legislativo y a tener, por lo tanto, carácter vinculante, se reúnen normalmente en comités que escapan al escrutinio público y al control de las instituciones representativas. A pesar de que ésta es la situación general que caracteriza a la política medioambiental, existen diferentes pautas de relación entre el gobierno y la industria que dependen del país en cuestión. En algunos casos, las autoridades públicas y las asociaciones industriales cooperan en la elaboración y aplicación de la política, siguiendo tradiciones de gobierno privado y prácticas de limitación de la intervención estatal (Alemania), mientras que, en otros casos, son los agentes públicos los que tienden a monopolizar todo el proceso (España).